LA CRIMINALIZACIÓN DE LAS PROSTITUTAS

 Dos años de la Ley Mordaza para las trabajadoras del sexo

 

Por Colectivo Hetaira

Hace dos años que entró en vigor la Ley de Seguridad Ciudadana también conocida como 'Ley Mordaza'. Dos años ya desde que entró en vigor la Ley Mordaza recortando nuestros derechos y libertades.

La ciudadanía organizada a través de la plataforma ‘No Somos Delito’ continuamos mostrando nuestro más profundo rechazo a una ley que atenta contra nuestros derechos civiles y libertades. Las trabajadoras del sexo, están afectadas doblemente, en primer lugar como ciudadanas y, en segundo lugar, por la actividad que desempeñan. Por tanto, también alzan su voz para protestar contra una legislación que se ceba especialmente con ellas a través de sanciones específicas contra el trabajo sexual.

Dos años ya que Delegación de Gobierno hace caso omiso a las graves consecuencias que la Ley Mordaza está teniendo sobre las trabajadoras del sexo del Polígono de Villaverde. Consecuencias que no nos cansamos de repetir.

Dos años ya de nuevas vulneraciones de derechos humanos y de criminalizar su trabajo. Desde una lógica democrática, ante un colectivo vulnerable como es el de las trabajadoras del sexo, el papel de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado debería ser protegerlas y no perseguirlas y penalizarlas. El hostigamiento policial y la persecución conllevan una mayor clandestinidad. Y la clandestinidad conduce a una mayor vulnerabilidad para sufrir abusos y agresiones. Las mujeres para evitar ser perseguidas y/o sancionadas se ven obligadas a realizar los servicios en lugares más alejados y peligrosos y pierden capacidad en la negoción con el cliente sobre el uso del preservativo, el precio, etc. Además, como alternativa a la criminalización del ejercicio en el espacio público, algunas mujeres se trasladan a lugares cerrados donde ante la falta de derechos laborales los dueños de los locales imponen condiciones abusivas de trabajo.

 Dos años ya que el jefe de brigada del grupo XI de la UCRIF provincial y su subalterna comenzaron a utilizar la Ley Mordaza como instrumento arbitrario para imponer el miedo y cometer abusos policiales contra las mujeres que ejercen en el Polígono de Villaverde. Insultos machistas, homófobos, tránsfóbos, racistas, xenófobos y amenazas de agresiones físicas han sido el día a día en el polígono desde que entró en vigor la Ley Mordaza.

La nueva estrategia de Delegación de Gobierno para invisibilizar la criminalización de las trabajadoras del sexo y no seguir empañando una imagen ya de por sí cuestionada, es no ofrecer cifras oficiales sobre el número total de multas interpuestas a prostitutas a través de la Ley Mordaza. Según el Ministerio del Interior, en los últimos 18 meses han sido multadas 329 prostitutas según el artículo 37.5 que penaliza la exhibición obscena. Lo que se omite al dar estos datos es que la mayoría de las multas a trabajadoras del sexo se llevan a cabo a través del artículo 36.6 que penaliza la desobediencia a la autoridad. Esto  supone que las cifras reales asciendan a un número notablemente más alto pero que no podemos conocer ni analizar debido a la evidente estrategia de ocultación de Delegación de Gobierno.

Dos años ya son demasiado tiempo. Demasiado tiempo de violencia institucional. Demasiado tiempo para la falta de respuesta ante las repetidas denuncias de abusos policiales. Demasiado tiempo de silencio ante una vulneración de derechos humanos en la ciudad de Madrid.

Dos años ya reclamando la derogación de una ley que, lejos de resolver problemas sociales, los agrava. Y no dejaremos de hacerlo, no dejaremos de insistir en que la seguridad de la ciudadanía en general y de las trabajadoras del sexo en particular nada tiene que ver con leyes que criminalizan derechos fundamentales.

Es fundamental reconocer los derechos de las trabajadoras del sexo y que puedan trabajar en un espacio seguro sin molestar ni ser molestadas.